Bloqueo de cuentas por la UIF: qué puede hacer una empresa

Una mañana cualquiera, la tesorería de la empresa descubre que no puede dispersar la nómina. El banco no da explicaciones: dice que recibió una instrucción de la autoridad. No hay carpeta de investigación, no hay orden judicial, no hubo aviso. La cuenta está bloqueada y la empresa tiene que seguir operando.

Entre octubre de 2025 y agosto de 2026 esta figura cambió tres veces, y cada cambio estrechó el margen de defensa. Esta guía explica qué es el bloqueo, qué se modificó, qué puede hacerse hoy y en qué plazos, con las fuentes a la vista.

Qué es el bloqueo y qué no es

El bloqueo de cuentas lo ordena la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La persona —física o moral— se incorpora a la Lista de Personas Bloqueadas y las entidades financieras quedan obligadas a suspender de inmediato los actos, operaciones o servicios con ella.

Tres precisiones que importan para la defensa:

• No es una sanción penal. La Suprema Corte lo ha calificado como una medida cautelar de naturaleza administrativa y preventiva. No presupone delito acreditado ni sentencia.
• No requiere orden judicial previa ni intervención del Ministerio Público. Ese fue precisamente el punto que la Corte resolvió en 2026.
• No hay audiencia antes del bloqueo. La defensa se difiere: primero se bloquea, después se escucha. La Corte sostuvo que ese diferimiento no viola el debido proceso, porque la ley prevé un procedimiento posterior.

De ahí se sigue lo que, en la práctica, define el resultado: el expediente que acredita el origen lícito de los recursos no se construye cuando llega el bloqueo. Se construye antes, o no existe.

Lo que cambió entre 2025 y 2026

Quien busque información sobre este tema encontrará artículos y criterios que ya no son aplicables. Tres actos sucesivos reconfiguraron la materia.

1. La reforma a la Ley de Amparo (16 de octubre de 2025)

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025, en edición vespertina, y en vigor desde el día siguiente, adicionó la fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo. Esa fracción obliga a negar la suspensión cuando con ella se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero.

Y añade una regla terminante: tratándose de ese supuesto, en ningún caso procede la suspensión provisional. La suspensión definitiva solo puede concederse para disponer de recursos en cuentas cuya licitud se acredite a juicio del órgano jurisdiccional.

2. La acción de inconstitucionalidad 58/2022 (6 de abril de 2026)

Cuarenta y nueve senadoras y senadores impugnaron el Capítulo V del Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado por decreto publicado el 11 de marzo de 2022. El Pleno de la Suprema Corte, por seis votos contra tres, reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 y confirmó que el bloqueo es una medida cautelar administrativa cuya defensa se difiere sin violar el debido proceso. Al tratarse de una acción de inconstitucionalidad resuelta por mayoría calificada, el criterio obliga a los órganos jurisdiccionales federales y locales.

3. La revisión en incidente de suspensión 1/2026 (12 de agosto de 2026)

El Pleno, por ocho votos contra uno, revocó la suspensión definitiva que un juzgado de distrito en Jalisco había concedido el 27 de marzo de 2025 para levantar un bloqueo, e interrumpió las jurisprudencias 2a./J. 87/2019 y 2a./J. 117/2024, que eran la base con la que se obtenían suspensiones contra la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.

En el mismo periodo, al resolver el amparo directo 14/2025, el Pleno se apartó de las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024, que condicionaban la legalidad del bloqueo a que respondiera a una petición expresa en cumplimiento de compromisos internacionales. Hoy el bloqueo de origen nacional, sustentado en investigación propia de la Unidad, es constitucional.

El efecto conjunto es sencillo de enunciar y duro de enfrentar: el argumento de que el bloqueo es ilegal por no haber orden judicial dejó de funcionar, y la vía rápida para descongelar la cuenta mientras se resuelve el fondo quedó cerrada.

Las primeras horas

Lo que se haga en los primeros días determina el resto. En orden:

1. Identificar el acto con precisión. El banco no bloqueó por decisión propia: ejecutó una instrucción. Hay que obtener del banco la constancia de que la suspensión obedece a la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y, si es posible, la fecha.
2. Determinar el alcance real. Qué cuentas, en qué instituciones, si alcanza a filiales, a accionistas o a apoderados, y si hay contratos con cláusulas de vencimiento anticipado que se detonen con el bloqueo.
3. Conservar la operación. Nómina, proveedores críticos, obligaciones fiscales con vencimiento próximo. Esto no es un asunto puramente jurídico: una empresa que deja de pagar la nómina dos quincenas pierde la empresa aunque gane el amparo.
4. Pedir la notificación de las causas. El plazo para solicitar la audiencia corre desde que se notifican las causas de la inclusión, y es breve.
5. Integrar el expediente documental. Estados de cuenta, contratos, facturas, comprobantes de origen de los recursos, actas, estructura accionaria. Todo lo que servirá para acreditar licitud, ordenado antes de necesitarlo.

El procedimiento del artículo 116 Bis 2, paso a paso

La Ley de Instituciones de Crédito prevé un procedimiento de audiencia ante la propia Unidad de Inteligencia Financiera, con plazos cortos:

• Cinco días hábiles desde la notificación de las causas de la inclusión para solicitar la audiencia.
• Diez días hábiles para manifestar lo que convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos. La Unidad puede ampliar este plazo por una sola vez.
• Quince días hábiles para que la Unidad resuelva.
• La resolución es impugnable conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que además aplica supletoriamente a lo no previsto en el capítulo.

Cuando la inclusión deriva de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el procedimiento es distinto: opera el mecanismo internacional de desincorporación y no se aplican las etapas de audiencia y resolución.

Dejar pasar los cinco días hábiles no cierra la vía de amparo, pero debilita el caso de manera que después cuesta mucho reparar: se llega ante el juez federal sin haber ofrecido una sola prueba ante la autoridad que tiene el expediente.

El amparo: qué puede pedirse hoy

El amparo indirecto sigue procediendo. Lo que cambió es lo que puede obtenerse con él y cuándo.

La suspensión provisional ya no procede en el supuesto de la fracción XIV del artículo 129. No es que se niegue con frecuencia: la ley la excluye.

La suspensión definitiva procede únicamente para disponer de recursos cuya licitud quede acreditada a juicio del órgano jurisdiccional. Esto invierte la dinámica tradicional del incidente: la suspensión deja de concederse por la sola apariencia del buen derecho y pasa a exigir prueba sustantiva del origen de los fondos en la etapa cautelar.

El fondo se discute en la sentencia. Y ahí la defensa ya no puede construirse sobre la falta de orden judicial. Tiene que atacar el caso concreto: la insuficiencia o inexistencia de los indicios, la indebida fundamentación y motivación del acuerdo de inclusión, la desproporción entre la medida y los hechos, el error de identidad, la persistencia del bloqueo una vez desaparecida su causa.

Lo que puede liberarse aunque la cuenta siga bloqueada

La propia fracción XIV obliga al órgano jurisdiccional a dejar a salvo, acreditados los supuestos, los recursos necesarios para:

• El pago de salarios y demás obligaciones con los trabajadores.
• Las pensiones alimenticias decretadas por autoridad.
• La subsistencia del titular y de sus acreedores alimentarios.
• El pago de créditos fiscales.
• El pago de créditos hipotecarios de la vivienda de uso propio.

Para una empresa, la primera de estas excepciones es la que sostiene la operación mientras se litiga. No se concede sola: hay que acreditarla con nóminas, contratos individuales, registros ante el instituto de seguridad social y la proyección del gasto. Preparar ese soporte el mismo día en que se presenta la demanda, y no después, es la diferencia entre seguir operando y cerrar.

Por qué el cumplimiento previo decide el resultado

Con el criterio actual, el terreno de la defensa se desplazó de la forma al fondo. Ya no se gana discutiendo quién podía ordenar el bloqueo; se gana acreditando el origen lícito de los recursos y la insuficiencia de los indicios.

Eso solo puede hacerse con documentación que exista de antemano: expedientes de identificación de clientes y proveedores, trazabilidad de los flujos, políticas de aceptación de operaciones, reportes internos, evidencia de que la empresa detectó y escaló lo que debía detectar y escalar. Una empresa con un programa de cumplimiento vivo llega al juzgado con un expediente. Una empresa sin él llega con afirmaciones.

Es la misma lógica que opera en la responsabilidad penal de la persona jurídica, y por eso ambas materias se preparan juntas, no por separado. Véase también el programa de cumplimiento penal y el amparo penal.

Errores que cuestan el asunto

• Esperar a que el banco explique. El banco no tiene el expediente ni puede levantar la medida; solo la ejecuta.
• Mover recursos a otras cuentas o a terceros. Convierte un problema administrativo en materia penal y destruye la credibilidad de la defensa.
• Dejar correr los cinco días hábiles sin solicitar la audiencia.
• Pedir en el amparo la suspensión general del bloqueo sin plantear ni acreditar los supuestos de excepción, cuando lo que sostiene la operación es justamente la liberación de la nómina.
• Litigar con criterios interrumpidos. Las jurisprudencias que se citaban hasta 2024 ya no son aplicables; invocarlas hoy resta seriedad al escrito.
• Separar el frente penal del administrativo. El bloqueo suele ser la parte visible de una investigación más amplia; la estrategia tiene que ser una sola.

Preguntas frecuentes

¿Puede la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear las cuentas de mi empresa sin orden judicial?

Sí. El Pleno de la Suprema Corte resolvió en 2026 que el bloqueo es una medida cautelar administrativa que no requiere orden judicial previa ni intervención del Ministerio Público, y que el bloqueo de origen nacional, sustentado en investigación propia de la Unidad, es constitucional. Con ello se apartó de las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024, que exigían una petición en cumplimiento de compromisos internacionales.

¿Cuánto tiempo tengo para defenderme?

El artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito concede cinco días hábiles, contados desde la notificación de las causas de la inclusión, para solicitar la audiencia; diez días hábiles para manifestar lo que convenga, ofrecer pruebas y alegar, prorrogables una sola vez; y la Unidad resuelve en quince días hábiles.

¿Sigue sirviendo el amparo contra el bloqueo?

Sí, pero cambió lo que puede obtenerse. Desde la reforma a la Ley de Amparo publicada el 16 de octubre de 2025, en el supuesto de la fracción XIV del artículo 129 no procede en ningún caso la suspensión provisional, y la suspensión definitiva solo puede concederse para disponer de recursos cuya licitud se acredite ante el órgano jurisdiccional.

¿Puedo pagar la nómina con la cuenta bloqueada?

El órgano jurisdiccional debe dejar a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios y demás obligaciones con los trabajadores, así como para pensiones alimenticias decretadas, la subsistencia del titular y sus acreedores alimentarios, créditos fiscales y el crédito hipotecario de la vivienda de uso propio. No opera de oficio: cada supuesto debe plantearse y acreditarse.

¿Qué pasa si no pedí la audiencia en tiempo?

No se cierra la vía de amparo, pero se llega ante el juez federal sin haber ofrecido prueba ante la autoridad que integra el expediente, lo que debilita de manera considerable la posición. Conviene reconstruir el soporte documental de inmediato y plantearlo en el juicio.

¿El bloqueo significa que hay una carpeta de investigación en mi contra?

No necesariamente. El bloqueo es una medida preventiva de naturaleza administrativa y puede existir sin que haya carpeta. Con frecuencia, sin embargo, es la parte visible de una investigación más amplia, y por eso conviene evaluar desde el primer día el frente penal junto con el administrativo.

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